Asamblea legislativa: una vecina distinguida

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Llegó  al Barrio el Palmar, Distrito Carmen en 1958-  hace exactamente 60 años-,  procedente del puro centro de San José, donde hoy se encuentra el Banco Central de Costa Rica, donde vio la luz en setiembre de 1824, hace 194 años, en aquella bucólica y aldeana Costa Rica, que daba sus primeros pasos de vida independiente, y buscaba la senda de la civilidad y la institucionalidad.

Ahí, en la llamada Cuesta de Moras afincó sus raíces, y ahí se ha mantenido desde entonces. Más aún, está construyendo una casa nueva, a un costado de su actual residencia, lo que le augura muchos años más como vecina activa del Distrito Carmen.

En sus pasillos y salones se han escrito hechos de gran trascendencia para la vida nacional, y su existencia es garantía de estabilidad, democracia e institucionalidad para la nación. Hablamos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

Las acciones cotidianas de sus principales habitantes, los diputados y diputadas, son cotidianamente “vigilados” por los medios de prensa, y la opinión pública suele ser particularmente dura con sus actuaciones.

Y es que el salón principal donde funciona el Plenario, máximo órgano de gobierno legislativo, es una especie de pecera rodeado de ventanales, donde está ubicada la barra de prensa, asiento de los periodistas; pero además, la televisión legislativa le da cobertura tanto a las sesiones del plenario como de comisiones, y a otras actividades que se realizan en la Asamblea, desde la mañana hasta la noche.

Es el Poder de la República de mayor exposición mediática. Así es que la ciudadanía, esté donde esté, incluso en el exterior, puede seguir paso a paso, todo cuanto ocurre en esas edificaciones del Barrio El Palmar, en el Distrito Carmen.

Generalmente, en todos los sondeos de opinión, en comentarios formales e informales, hasta en programas humorísticos, la Asamblea y especialmente los diputados, siempre salen muy mal parados.

En muchos casos, porque los propios diputados dan razones  para ello, en otros porque criticar al parlamento es una suerte de deporte nacional, haya o no motivos para ello, y también porque la “opinión pública”, suele atribuirle responsabilidades a la Asamblea sobre todo, incluso sobre asuntos que no le competen y no tiene ninguna posibilidad  de intervenir.

Pero además, la Asamblea no es un cuerpo homogéneo. La conforman 57 diputados y diputadas, procedentes de diferentes partes del país, de diferentes partidos e ideologías, con los más diversos niveles educativos, valores morales y éticos. Los hay muy trabajadores, otros menos y también hay vagos.

Su “salario” o retribución económica se diferencia a lo que reciben otros miembros de los Supremos Poderes, hablamos de ministros o magistrados.

Mínimo, los diputados deben asistir a las sesiones diarias de  plenario, de comisiones ordinarias, 2 veces por semana y permanentes especiales, una vez a la semana, y a las que por diferentes circunstancias se crearen.

Hay un monto máximo de “salario” que un diputado puede recibir mensualmente, de conformidad a la asistencia a las sesiones a las que está obligado. Cada ausencia  a alguna de esas sesiones significa un rebajo en el ingreso que les corresponde.

Por hechos cuestionables que se han dado en los últimos años, actitud diligente de algunos medios de prensa y por la vigilancia ciudadana, se han empezado a discutir y tramitar propuestas que tienen que ver con la probidad de los diputados, con su conducta  ética y moral. Todo apunta a que se pueden lograr avances concretos en este campo a corto plazo.

El origen de todo está en los partidos políticos, quienes definen la integración de las papeletas diputadiles que se le presentan a la ciudadanía cada cuatro años. En el tanto los requisitos sobre conocimientos fundamentales de la realidad del país, y la exigencia de altos valores éticos y morales sean escasos o no existan del todo, así llegarán a la Asamblea personas  de escasa calidad y de escasos valores. Aquí se requiere la vigilancia ciudadana incluso la posibilidad de impulsar modificaciones constitucionales para que los electores puedan demandar, por la vía de la consulta, la derogatoria de mandato a un diputado que no esté cumpliendo con sus responsabilidades como “madre o padre de la patria”.

Franklin Carvajal